El Estado peruano ha conseguido importantes avances normativos para el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas LGBTIQIA+. En nuestro país, la discriminación por orientación sexual e identidad de género constituye un delito de acuerdo al Código Penal.
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTIQIA+), han sido sistemáticamente discriminadas y estigmatizadas debido a su orientación sexual e identidad de género. En este contexto y con la ausencia de un marco normativo concreto en su favor, se provoca la afectación de sus derechos fundamentales a la vida, integridad, identidad, salud, trabajo, educación, entre otros.
Su especial situación de vulnerabilidad ha sido reconocida por diversos órganos de las Naciones Unidas, los que a su vez han recomendado al Estado peruano, entre otras cosas, brindar una protección efectiva a este colectivo.
Por parte del Estado Peruano, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al igual que la Defensoría del Pueblo velan contra actos discriminatorios en contra de las personas LGBTIQIA+.
Pero también hay organizaciones de la sociedad civil que están en constante actividad para el reconocimiento de más derechos ante la ley. Algunas de estas organizaciones son:
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