La Defensoría del Pueblo ha interpelado a la Superintendencia Nacional de Migraciones con un llamado urgente para permitir excepciones humanitarias en el ingreso al país de ciudadanos venezolanos en situación de vulnerabilidad.
En un comunicado reciente, la Defensoría expresó profunda preocupación por los venezolanos varados en las zonas fronterizas, quienes carecen de pasaporte y visa, impidiéndoles cumplir con las nuevas regulaciones de ingreso vigentes desde el 2 de julio.
La normativa actual de Migraciones exige documentos formales para permitir la entrada al país, una medida que, según la Defensoría, afecta gravemente a grupos vulnerables como niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.
El principal motivo es reunirse con familiares en Perú o en otros países, una razón humanitaria que debería considerarse con prioridad según la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo subrayó que aunque la regulación migratoria respeta la soberanía nacional, también debe alinearse con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con el refugio y la reunificación familiar. En este sentido, citó la Política Nacional Migratoria 2017-2025 y el Decreto Legislativo 1350, que enfatizan el interés superior del niño y la protección de los refugiados.
El documento oficial destaca la falta de consideración en la Resolución 000121-2024-MIGRACIONES hacia las excepciones humanitarias, particularmente para venezolanos en extrema vulnerabilidad que poseen solo cédula de identidad. Este grupo incluye niños, adolescentes con padres en situación regular en Perú, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes enfrentan dificultades significativas para reunirse con sus seres queridos debido a las restricciones actuales.
En conclusión, la Defensoría del Pueblo recordó al superintendente nacional de Migraciones la obligación internacional del Perú en la protección de los refugiados, conforme al Pacto Mundial sobre los Refugiados del 2018. Instó a reconsiderar la política actual para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos básicos de los venezolanos en situación de vulnerabilidad que buscan refugio y reunificación familiar en el país.